La Ley N° 21.197 incorporó a la Ley del Deporte (N° 19.712) la obligación de promover un trato digno entre las personas, con especial énfasis en la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato. En cumplimiento de ese mandato, el Ministerio del Deporte aprobó el Decreto Supremo N° 22 de 2020, que establece el Protocolo General para la prevención y sanción de estas conductas en la actividad deportiva nacional. Este protocolo tiene como objetivo establecer las obligaciones que le competen a cada uno de los actores de la actividad deportiva, para hacer del entorno deportivo un espacio más adecuado y seguro para todos quienes lo integran. 

Toda organización deportiva tiene la obligación de designar oficialmente a dos o más personas para que ejerzan el cargo de Responsables Institucionales, uno en calidad de titular y el o los otros como suplentes. Este cargo es incompatible con pertenecer al directorio de la organización y se ejerce por un período de 2 años.